Definición del derecho del consumidor a ser escuchado
En este número presentamos el derecho a ser oído. El derecho a ser oído se refiere al derecho a hacer una declaración oral y/o escrita ante el tribunal en un procedimiento de justicia penal. Este derecho integra la voz y la experiencia de las víctimas en el proceso de justicia penal, permitiéndoles participar y contribuir.
En este número presentamos el derecho a ser escuchado. El derecho a ser oído se refiere al derecho a hacer una declaración oral y/o escrita ante el tribunal en un procedimiento de justicia penal. Este derecho integra la voz y la experiencia de las víctimas en el proceso de justicia penal, permitiéndoles participar y contribuir.
En los procedimientos de liberación previa al juicio, una víctima puede compartir información que ninguna otra parte puede conocer, lo que conduce a decisiones críticas en torno a la seguridad. Por ejemplo, en un caso de violencia doméstica y agresión sexual en una zona rural, la víctima habló sobre el hecho de que si su agresor violaba las condiciones de su libertad e intentaba victimizarla, la remota ubicación de su casa impedía que cualquier agencia policial llegara en menos de una hora, lo que afectaba gravemente a su derecho a una protección y seguridad razonables frente al acusado.
Derecho a ser oído
La importancia de estos derechos en la protección de los derechos humanos se ve subrayada por el hecho de que la aplicación de todos los derechos humanos depende de la correcta administración de justicia. Cuando se interfiere en los derechos de una persona, ésta sólo puede defenderse adecuadamente si disfruta de un recurso efectivo al debido proceso.
El derecho a un juicio justo está garantizado si las personas pueden recurrir a un tribunal competente, independiente e imparcial, tal y como reconocen los convenios internacionales, como el PIDCP y la Convención Americana. Estos componentes se analizan a continuación.
El componente más importante es la independencia del poder judicial, que se refiere, entre otras cosas, a la independencia del ejecutivo y del legislativo. Si no existe dicha independencia, el recurso a un tribunal es de poca utilidad. Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura establecen ciertos requisitos que deben cumplirse para que un tribunal sea considerado independiente: a) condiciones de servicio y permanencia en el cargo; b) forma de nombramiento y de descarga; y c) grado de estabilidad y protección logística contra la presión y el acoso externos. Los problemas relacionados con la independencia de los jueces son diversos, tanto en calidad como en cantidad, en diferentes partes del mundo, y van desde los regímenes de negociación salarial hasta las desapariciones físicas. Los principales Convenios exigen expresamente que los tribunales se establezcan por ley. La existencia de un tribunal no debe depender de la discreción del poder ejecutivo, sino que debe basarse en una promulgación del poder legislativo. Los tribunales especiales sólo se toleran en circunstancias excepcionales.
Ejemplos de derecho a ser oído
Las otras garantías son la presunción de inocencia y las garantías mínimas en los procesos penales, como el derecho a un abogado y a no ser obligado a autoinculparse. Para más información sobre las demás garantías del artículo 14 del PIDCP, véanse las Hojas de Orientación sobre la Presunción de Inocencia y las Garantías Mínimas en el Proceso Penal.
Australia es parte de siete tratados internacionales fundamentales de derechos humanos. Los derechos a un juicio justo y a una audiencia justa están contenidos en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
El derecho a un juicio justo y a una audiencia justa se aplica tanto a los procedimientos penales como a los civiles, y en los casos que se presentan ante los juzgados y los tribunales. También se aplica a las audiencias disciplinarias militares. El derecho se refiere a la equidad procesal, más que a la decisión de fondo del tribunal.
Algunos métodos en los que los testigos prestan declaración, por ejemplo, mediante una conexión de vídeo, o en los que el testigo está protegido del acusado, pueden plantear cuestiones relativas al derecho a una audiencia pública. Los procedimientos también pueden estar cerrados al público en interés de la seguridad nacional. Sin embargo, aunque cada caso debe ser considerado en sus méritos, es probable que tales medidas sean permitidas, dados sus objetivos legítimos.
El derecho a un recurso
Los recursos de inconstitucionalidad son, con mucho, el tipo de procedimiento más frecuente que resuelve el Tribunal Constitucional Federal; reciben la referencia del expediente “BvR”. Cuando el Tribunal comenzó su labor en 1951, se presentaban menos de 500 recursos de inconstitucionalidad al año. Hasta 1980, este número ascendió a 3.107 procedimientos. Hoy en día, el Tribunal recibe aproximadamente 6.000 recursos de inconstitucionalidad cada año.
Las autoridades del distrito revocan la concesión de una empresa de taxis. Tras oponerse sin éxito, el propietario de la empresa interpone primero un recurso ante los tribunales administrativos y, posteriormente, un recurso de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional Federal examina si las disposiciones legales pertinentes de la Ley de Transporte de Pasajeros y su aplicación son compatibles con la libertad profesional del propietario de la empresa (art. 12.1 de la Ley Fundamental).
Los actos soberanos de los tres poderes del Estado alemán, es decir, el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo, pueden ser impugnados mediante un recurso de inconstitucionalidad (para el caso especial de los recursos de inconstitucionalidad contra la legislación, véase aquí). El Tribunal Constitucional Federal examina si los actos impugnados se basan en leyes compatibles con la Constitución y si los derechos fundamentales de los demandantes fueron respetados en la aplicación de estas leyes. Por lo tanto, si un recurso de inconstitucionalidad impugna errores en la aplicación de una ley que no tienen ninguna relación con los derechos fundamentales, el recurso de inconstitucionalidad no prosperará.